Instituto para el Desarrollo Educativo y Socioeconómico Regional




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Nº 55 | 04 - 2012
Marco legal del Sistema de Riesgos de Trabajo como herramienta de custodia de la salud de los trabajadores.

¿Cuál es el alcance de la protección legal de la salud y la seguridad en el trabajo?

El derecho a la salud y seguridad en el trabajo es un derecho constitucional, así como también una prioridad en nuestra legislación. Tanto las leyes de Riesgos del Trabajo (LRT) (24.557) y de Higiene y Seguridad en el trabajo (19.587), como la ley de Contrato de Trabajo (20.744), dan el marco legal que tiene como fin proteger la vida, preservar la integridad psicofísica, reducir los riesgos y estimular una actitud positiva de prevención.

Este marco legal intenta asegurar al trabajador el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para su desarrollo. Sin embargo, la LRT no ha dado los resultados esperados. En sus artículos estableció un sistema distinto del seguro, en que se contabilizan los siniestros y se presupuesta su pago. Esto es para prevenirlos y disminuirlos, por lo que resulta en una responsabilidad social para la empresa.

La Corte Suprema de Justicia en dos de sus fallos, ha dado ejemplos del incorrecto funcionamiento de la LRT y sienta jurisprudencia al respecto. El primero es el Fallo Aquino, mediante el cual se abre la vía civil para el reclamo por los daños producidos en el ámbito laboral, ya que considera que anular la oportunidad de la reparación civil, afecta el principio constitucional que prohíbe a las personas perjudicar los derechos de un tercero. El segundo es el Fallo Torrillo. En este, también las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) se tornan responsables frente a los trabajadores, empleadores y principalmente ante el propio sistema instituido por la ley 24.557, por los incumplimientos en que incurran, ya que su función no es sólo cobrar el seguro impuesto coactivamente a los empleadores, y en última instancia brindar en forma acotada las prestaciones establecidas en la LRT, sino que más allá de ello, su fin primordial es proteger la salud del trabajador, y hacerse cargo de las consecuencias negativas que su omisión pueda acarrear. Ni de uno ni de otros: ambos deben hacer Prevención. Este último fallo, tiene asidero no sólo en las normas nacionales, sino también en el marco internacional de ordenamiento laboral como ser la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Sociolaboral del Mercosur.

¿De quien es la responsabilidad del cumplimiento de las normas de prevención?

El daño a la salud es evitable, es difícil encontrar situaciones de riesgo que no admitan alguna medida de prevención. Tanto trabajadores como empresarios deben trabajar en conjunto en la búsqueda de puntos en común a ambos. Con la autoridad viene la responsabilidad, y si ésta no la asume, de allí en adelante ninguno de los siguientes eslabones de la cadena, (formada por los distintos actores sociales) se hará cargo. Esto implica, que sin el apoyo de quienes tienen la responsabilidad de la dirección superior de la empresa, ningún esfuerzo por más bien intencionado que sea, será útil. Aquí surge la necesidad de participación integrada de trabajadores, empleadores y especialistas en prevención.

A pesar de que la LRT contempla el deber de las ART de establecer un plan de acción donde se proponga la capacitación de empleadores y trabajadores en materia de prevención, y de informar del mismo a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ésta no informa planes de capacitación para los empleadores en Prevención por parte de las ART, sino que solamente establece castigos y multas que han originado subas de alícuotas por “accidentabilidad” pero no capacitación a los propios empleadores para evitar accidentes y enfermedades, que es en definitiva la función del sistema

 


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